Se prepara una nueva Ley de Huelga

Diario El Mundo
HUELGA GENERAL
El ministro Aparicio dice que la «opinión pública entenderá la necesidad o no» de reformarlos «en unos días»

UGT interpreta el anuncio como un intento de justificar unos servicios «abusivos»

El Gobierno se plantea regular por ley los servicios mínimos tras el 20-J

MADRID. El pulso entre el Gobierno y los sindicatos por la huelga general del 20 de junio vivió ayer un nuevo episodio. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, amagó con reformar la normativa que regula la huelga para conseguir que los servicios esenciales estén mejor definidos y sea más difícil incumplirlos.

Aparicio recordó que la regulación del derecho de huelga depende de un decreto-ley de 1977 por lo tanto, preconstitucional y que no aborda una parte muy importante de esos derechos esenciales que colisionan con el de huelga cuando los servicios mínimos son insuficientes o no se cumplen.

Por este motivo, a su juicio, el decreto-ley debe tener rango de ley. «Sería deseable que fuesen los agentes sociales [sindicatos y patronal] quienes tomaran la iniciativa, y hace pocas semanas parecían dispuestos. Pero si sigue pasando el tiempo, será cuestión de abordarlo, especialmente si se viven situaciones en las que no se concilian todos los derechos».

El titular de Trabajo lanzaba así un aviso a UGT y CCOO para que no cedan a la tentación de incumplir los servicios mínimos que dicten el Gobierno central y los autonómicos para el 20-J.Si ocurre así, el Gobierno está convencido de que el clamor social en contra del uso indiscriminado del derecho de huelga aumentará de intensidad, abonando el terreno al Ejecutivo para que se lance a modificar la legislación sobre huelga.

Por si quedaban algunas dudas de la intención, Aparicio apostilló que la «opinión pública sabrá de la necesidad o no de esta reforma en unos días». En concreto, 10, los que quedan hasta el 20-J.

Un portavoz de Trabajo intentó, no obstante, quitar hierro a las declaraciones de Aparicio. Negó que el Gobierno esté trabajando en el proyecto legislativo sobre el derecho de huelga para iniciar su tramitación pasada la jornada de huelga general. Añadió que el ministro ha respondido de la misma forma a las preguntas en este sentido que le han dirigido en los últimos años. No hay novedad, por lo tanto, ni amenaza más o menos velada hacia los convocantes del 20-J.
Eso sí, reconoció que se trata de una asignatura pendiente, y que no tiene sentido el actual sistema, según el cual los sindicatos convocantes proponen unos servicios mínimos, las autoridades imponen otros mucho más restrictivos y la Justicia acaba dirimiendo quién tenía razón cuando la jornada o jornadas de huelga han pasado a los anales de la historia.
Incumplimientos

El problema se agrava cuando los huelguistas incumplen los servicios mínimos, como ha ocurrido en los recientes paros de los conductores de autobuses en Madrid y en Barcelona, o como está sucediendo ahora con los servicios de limpieza del metropolitano de la capital de España.
El portavoz concluyó diciendo que el Gobierno no abordará ninguna reforma en este campo sin el acuerdo de los agentes sociales.Algo que, tal y como están las cosas, parece una utopía en estos momentos.

A la vista de su reacción, las matizaciones del portavoz de Trabajo no debieron llegar a los oídos de los responsables sindicales.El secretario general de UGT, Cándido Méndez, tomó las declaraciones de Aparicio como una amenaza: «Probablemente, está intentando justificar que van a intentar imponer unos servicios [mínimos] abusivos para bloquear un derecho democrático y constitucional».

«En España hay una legislación sobre la huelga, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y de elaborarse una nueva, debería ser una que impidiese a los gobernantes como Aznar recortar por decreto el derecho a trabajar dignamente y a tener cobertura de cientos de miles de personas en un acto legislativo injusto e innecesario».